Un grupo plural de académicas, académicos, activistas, víctimas y organizaciones civiles nos sumamos al litigio contra las grandes empresas armamentistas de los Estados Unidos, mediante la figura de un amicus curiae, consideraciones de hecho y de derecho sobre el impacto en vidas perdidas de esta industria.
Por iniciativa del decidido grupo de abogados y abogadas de la Cancillería que diseñó la estrategia de litigio contra las grandes empresas armamentistas de los Estados Unidos, un grupo plural de académicas, académicos, activistas, víctimas y organizaciones civiles nos sumamos a ese relevante proceso judicial presentando, mediante la figura de un amicus curiae, consideraciones de hecho y de derecho sobre el impacto en vidas perdidas de esta industria.
Publicado originalmente el día 08 de febrero de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Sobre la trascendencia de la acción emprendida por México, se ha escrito mucho. También se han destacado atinadamente las implicaciones de este litigio desde la perspectiva de la responsabilidad de las empresas por violaciones a derechos humanos. Y más específicamente, sobre este amicus y su relevancia uno de los firmantes, Carlos Pérez Ricart, ha ahondado con precisión en sus contenidos y en sus implicaciones.
Como una de las organizaciones civiles de derechos humanos que se sumó a este empeño, el Centro Prodh contribuyó aportando información sobre casos y situaciones que dotan de rostro y concreción al impacto que tiene en México la violencia causada con armas de fuego. Hicimos referencia, por ejemplo, al homicidio de Francisco Javier Barajas Piña, asesinado el 29 de mayo de 2021 en Salvatierra, estado de Guanajuato. A Javier lo mataron porque él y su valiente familia, ante la negligencia gubernamental, se hicieron cargo de la búsqueda de su hermana Guadalupe Barajas, desaparecida en la misma entidad en febrero de 2020. Un año después, en 2021, fue identificado el cuerpo de Guadalupe en una de las fosas clandestinas más grandes del estado, donde han sido hallados alrededor de 80 cuerpos. Pero tres meses después, al volver a Salvatierra Javier fue asesinado por disparo de arma de fuego. Cuando más adelante fueron detenidos los presuntos homicidas, tenían en su posesión un arma de fuego que pericialmente se demostró que correspondía a la que disparó los casquillos encontrados en la escena del homicidio de Javier. El arma resultó de reciente fabricación norteamericana.
Historias como la de Javier y su familia pueden contarse por miles en nuestro país. No son cifras. Se trata de familias enteras -hombres, mujeres, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas- que experimentan en carne propia los estragos de la violencia que causan las armas. No una estadística, sino personas con nombre, identidad y sueños.
La violencia es multifactorial y sin duda sus principales causas se sitúan de este lado de la frontera: la persistencia en un modelo de seguridad centralista y militarizado impulsado desde la Federación; la negligencia y la incapacidad de las policías estatales y municipales; un sistema de justicia roto que sólo procura impunidad; la connivencia entre la autoridad y la delincuencia organizada, que en algunas regiones implica no saber dónde empieza una y dónde acaba otra; la progresiva deshumanización que ha despojado a la vida de su carácter sagrado e indisponible.
Incluso en lo tocante al comercio de armas los pendientes están también de nuestro lado pues, como hemos señalado en este espacio, casos como la distribución ilegal en algunos estados de la República de fusiles Heckler & Koch de fabricación alemana, ocurrieron con la connivencia de redes de corrupción en las que está inmiscuido el Ejército, sin que hasta ahora los militares implicados hayan sido investigados.
Pero no es necesario soslayar esta realidad para enfatizar, simultáneamente, que el flujo de armas provenientes de los Estados Unidos es también causa de nuestra crisis de violencia. Particularmente, la insensata tolerancia del comercio prácticamente libre e irrestricto de rifles de asalto y armas poderosas, que después cruzan con facilidad nuestra porosa frontera para causar daños irreparables mientras la industria armamentista incrementa sus utilidades, ha contribuido al aumento cuantitativo y cualitativo de nuestra interminable crisis de violencia.
Por eso y por historias como la de Javier -cuyos valientes padre y madre, quienes aún luchan por justicia, autorizaron se sumara al amicus– decidimos apoyar a la novedosa acción de la Cancillería. Los derechos humanos, que en esencia reivindican la dignidad común y la vida donde sea que resulte amenazada, no pueden quedar indiferentes frente a cualquier intento por controlar a una industria que sólo genera violencia.